El equipo de trabajo organizado por el CAM-CCBC trabaja para difundir el uso del método por parte de los organismos gubernamentales

Por Sérgio Siscaro

Agilidad, eficacia y economía son algunas de las ventajas que permite el uso de la mediación como método de resolución de conflictos. Estas ventajas son aún más relevantes en la administración pública, donde la necesidad de resolver los litigios de forma más rápida y menos costosa es más urgente, dadas las limitaciones presupuestarias que sufren las distintas esferas del gobierno. Con el fin de ampliar el uso del método por parte de los organismos gubernamentales y las empresas, el CAM-CCBC cuenta hace unos tres años con las actividades del Equipo de Trabajo de Mediación con la administración pública.

Compuesto por 12 miembros, el grupo está coordinado por el abogado Adolfo Braga Neto, que también preside la junta directiva del Instituto de Mediación y Arbitraje de Brasil (Imab). Según él, el centro de las actividades del equipo de trabajo son los contratos administrativos firmados con la administración pública. “Nuestra intención es ampliar el uso de las cláusulas de mediación del CAM-CCBC, reduciendo la eventual resistencia de los organismos públicos y de las empresas al uso del método”, afirma.

Actividades virtuales

Para ello, se llevaron a cabo una serie de iniciativas antes de la aparición de la pandemia del nuevo coronavirus. En 2019, el equipo de trabajo realizó eventos en São Paulo y Brasilia, donde presentó las ventajas de la mediación a representantes de organismos como la Procuraduría General de la Unión (AGU), el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Ministerio Público Federal (MPF), así como a Petrobras y otras empresas públicas y de economía mixta, entre otros. En estos contactos, el grupo también trataba de obtener información sobre el modo en que la administración pública venía abordado el tema: algunas de ellas ya habían desarrollado modalidades específicas de mediación de conflictos.

Con las restricciones ocasionadas por la diseminación de la Covid-19, a partir del año pasado, estas actividades migraron con éxito al entorno digital. “Todo lo que habíamos planeado inicialmente se trasladó a las plataformas virtuales. Ahora estamos trabajando con los organismos del Poder Ejecutivo para luego avanzar a los órganos de control, como los tribunales de cuentas. Nuestra planificación para 2021 prevé varias acciones, con el objetivo de llevar información sobre la mediación a los sectores de la administración pública donde todavía existe la percepción de que el método se aplica sólo para obtener un acuerdo, cuando en realidad el objetivo final es la solución del conflicto”, reflexiona Braga Neto, añadiendo que el grupo también está invitando a representantes de estos organismos públicos a contribuir en este trabajo de difusión de la mediación.

Reconocimiento legal

El próximo evento virtual del grupo será un seminario web el 15 de junio, que abordará la apertura que la legislación brasileña ha dado al uso de la mediación. La nueva Ley de Licitaciones Públicas y Contratos Administrativos (ley 14.133/2021), por ejemplo, prevé la posibilidad de recurrir a la mediación en su capítulo XII, en particular en el artículo 151 y posteriores. “Veo un escenario cada vez más prometedor, con una legislación que se abre más a esta posibilidad del uso de la mediación con la administración pública [de resolución de conflictos]”, afirma.

Según el coordinador del equipo de trabajo, una tendencia que está ganando cada vez más espacio en el contexto de la administración pública es la consensualidad, es decir, la búsqueda de soluciones establecidas de manera común y voluntaria para la prevención, conducción y pacificación de conflictos, escenario que tiende a favorecer el uso de la mediación.

Otro factor que contribuye al uso de la mediación con la administración pública es la situación de restricciones presupuestarias por parte de las distintas esferas del Estado, lo que favorece la búsqueda de formas rápidas y eficaces de resolución de conflictos. “La mediación no tiene contraindicaciones; es más económica, jurídicamente más flexible, socialmente más adecuada, y cada procedimiento se desarrolla pensando en un caso concreto”, subraya.

El método gana terreno

Los esfuerzos del equipo de trabajo para intensificar el uso de la mediación con los organismos de la administración pública llegan en un momento muy positivo para el método en Brasil. Además del reconocimiento expresado en la Ley de Licitaciones y Contratos Administrativos, se ha producido un aumento del uso de la mediación en general, incluidos los casos de contratos en el sector privado. Según los datos divulgados por el CAM-CCBC, en 2020 se iniciaron 15 procedimientos de mediación en el Centro, lo que supone un incremento del 87,5% respecto a 2019. Los importes implicados ascendieron a 5.680 millones de reales, y se cerraron seis procedimientos a lo largo de 2020, con otros 11 en curso al final del año.

Para el coordinador del equipo de trabajo, las perspectivas son positivas para un aumento del uso de la mediación con la administración pública en 2021, en la medida en que cualquier resistencia restante se disipe por el conocimiento de las ventajas del método. “Además, creo que después de la pandemia seguiremos utilizando, aunque sea parcialmente, las herramientas de comunicación virtual, lo que hará aún más atractivo el costo de la mediación”.